Si
el pueblo no muestra su descontento, ¿quién lo va a hacer por él?
La Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) ha sido la encargada de traer a España la práctica
argentina del escrache, que consiste en realizar manifestaciones pacíficas en
torno a los políticos para defender los Derechos Humanos. Resulta paradójico que
la clase política, que debería ser la encargada de salvaguardar esos derechos,
sea el principal objetivo de los movimientos ciudadanos para defenderlos. Los diputados
del PP Joan Bertomeu y José Cruz Pérez Lapazarán, el alcalde de Torrelavega o
Esteban González Pons son algunos de los políticos que han sido protagonistas
de los escraches. Pero no han sido los únicos a la hora de pronunciarse sobre
el tema.
La delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, fue la primera en vincular a la plataforma Stop Desahucios con grupos proetarras. Rosa Diez no tardó en salir
al paso de la polémica y comparar los escraches con las actuaciones de la kale
borroca y calificarlos como: “un acoso cobarde, acoso vil, acoso radicalmente
inaceptable”. Recientemente, ha sido la secretaria general del Partido
Popular y presidenta de la comunidad de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, la que ha dado un paso más allá en la
tozudez de la política actual al comparar las manifestaciones en torno a políticos
con el “nazismo puro” y reflejo de “un espíritu totalitario y sectario”.
Afortunadamente, el presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner,
ha puesto un poco de cordura en este asunto al afirmar que los escraches,
mientras no sean violentos, son un ejemplo de libertad de manifestación. Y es
que si el pueblo no muestra su descontento, ¿quién lo va a hacer por él?.
